Para analizar la decisión de una Corte de Inmigración de Miami, presidida por el juez Timothy M. Cole, es importante citar la autoridad legal utilizada para arribar a sus conclusiones.
La Corte de Inmigración se pasea por sendos pronunciamientos de la Corte Suprema en la decisión «Jennings vs. Rodriguez» en 2018 y la del Fiscal General en el caso M-S- de 2019. En ambos se establecieron dos puntos importantes: 1) Aquellos que son detenidos en la frontera Suroeste de EEUU lo son bajo la sección 235(b) de la Ley de Inmigración; 2) Que la vía exclusiva para la liberación de aplicantes inadmisibles para admisión migratoria es el parole, establecido en la sección 212(d)(5)(A) de la misma Ley de Inmigración.
La disyuntiva surgía al entender si realmente eran liberados por parole (término utilizado en las leyes de Inmigración de EEUU) o bajo palabra. La respuesta genera un impacto muy grande en muchos aplicantes, como en el caso de aquellos beneficiados por la Ley de Ajuste Cubano: dependiendo de cuál se aplique, podrían o no ajustar su estatus legal y obtener la Residencia Legal Permanente, dependiendo de cual fuere el resultado.
Básicamente, la Corte de Inmigración concluyó que los defendidos habían sido objeto de parole para ingresar a EEUU. Además, que su liberación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no debía ser calificada como libertad bajo palabra, indistintamente de si se establecía así en los documentos de liberación.
Además de utilizar como argumento el precedente de la Corte Suprema, la Corte de Inmigración se valió de un sinfín de antecedentes ante diversos tribunales, tanto de inmigración como federales. En estos, el mismo Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegaba que la única autoridad legal para que un extranjero (inadmisible aplicando por admisión) obtuviese la libertad, en el curso de procedimientos de deportación expedita o de deportación regulares, era la obtención del parole y no la libertad bajo palabra.
La Corte de Inmigración resolvió, haciéndolo extensivo para otros casos bajo su jurisdicción con circunstancias similares, que era factible buscar alivio migratorio para aquellas personas que, más allá de la clasificación migratoria utilizada por DHS, obtuvieron un parole.
Por último, dada la importancia del caso, y la cantidad de personas que pudieran resultar beneficiadas, la Corte de Inmigración ejerció su facultad de pedir directamente a la Junta de Apelaciones de Inmigración que revisara su decisión. Lo hizo porque es un asunto inusualmente complejo o novedoso, tanto en aspectos de ley como de hechos, y no desea guiar a los defendidos por un pasaje que posteriormente sea objeto de anulación.
De ser confirmada la decisión dictada por el juez Timothy M. Cole, muchas familias lograrían su sueño de regularizar su estatus legal en Estados Unidos.’
